Treinta organizaciones denuncian que los asentamientos de temporeros en la provincia de Huelva llevan 26 años sin solución. Critican la falta de coordinación entre administraciones y el 'racismo institucional' de los ayuntamientos.
El incendio que arrasó unas 300 chabolas en Palos de la Frontera el pasado 7 de julio ha vuelto a poner el foco sobre una realidad que persiste desde hace más de un cuarto de siglo. Una treintena de organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales han denunciado este martes la situación de los asentamientos de temporeros migrantes en la provincia de Huelva, calificándola de insostenible e indigna.
En un manifiesto conjunto, firmado por PACMA, Ecologistas en Acción, CCOO Huelva, Adelante Andalucía, Izquierda Unida y Podemos, entre otros, los colectivos han criticado la falta de voluntad política y la gravísima descoordinación entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de la zona y el sector empresarial agrícola. Según han explicado, los diferentes planes acordados en los últimos años no se han traducido en mejoras tangibles sobre el terreno.
Planes sin resultados sobre el terreno
Entre las iniciativas fallidas, los firmantes citan el Foro Provincial de la Inmigración, activo desde 2014; el Protocolo General de Actuación de 2022, dotado con 2,5 millones de euros; el I Plan Estratégico autonómico para la erradicación del chabolismo; y el Acuerdo Marco de Doñana, suscrito en noviembre de 2023. Todos ellos, aseguran, no han logrado mejorar las condiciones de vida de los temporeros.
Las organizaciones han expresado su profunda decepción tras la reunión mantenida el pasado 14 de julio con la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Denuncian que, a pesar de que el convenio para la regeneración de Doñana contempla fondos específicos para medidas sociales hasta 2027, la sociedad civil desconoce el destino y la ejecución real de dichas partidas por parte de los municipios afectados.
Ayuntamientos señalados por racismo institucional
El manifiesto critica la gestión de los consistorios de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, a los que acusa de incurrir en un racismo institucional que califican de castigo colectivo. Entre las irregularidades señaladas destacan la falta de ayuda humanitaria de emergencia tras los frecuentes incendios, la negativa a recoger residuos sólidos en los perímetros de los poblados y el bloqueo ilegal del empadronamiento de la población migrante, práctica que contraviene la Ley de Bases del Régimen Local.
Tras recordar el reciente incendio en Los Gallardos (Almería) y el fuego que el pasado 7 de julio arrasó unas 300 chabolas en Palos de la Frontera, dejando a cientos de personas al raso, han advertido de que las infraviviendas —construidas con plásticos, palés y cartones— constituyen un grave peligro para la vida. La provincia de Huelva concentra la mayor parte de estos asentamientos, donde viven temporeros que trabajan en la recogida de frutos rojos y otros cultivos.
Un problema que no cesa
El chabolismo en la provincia de Huelva no es nuevo. Desde hace 26 años, los temporeros migrantes se ven obligados a vivir en condiciones infrahumanas, sin acceso a agua potable, electricidad ni saneamiento. Las organizaciones denuncian que los ayuntamientos no solo no solucionan el problema, sino que lo agravan con prácticas como la negativa al empadronamiento, que impide a los migrantes acceder a servicios básicos como la sanidad o la educación.
Para los vecinos de municipios como Palos de la Frontera, la situación se traduce en una presión constante sobre los servicios públicos y en un paisaje de chabolas que contrasta con la riqueza generada por la agricultura intensiva. Las organizaciones exigen una mesa de diálogo urgente con todas las administraciones implicadas, incluyendo al sector agrícola, para buscar soluciones reales.
Mientras tanto, los temporeros siguen viviendo al límite, con el miedo constante a un nuevo incendio. El próximo 14 de agosto está prevista una nueva reunión del Foro Provincial de la Inmigración, aunque los colectivos dudan de que sirva para algo si no hay voluntad política real.
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