El Gobierno advierte a los municipios de Doñana que los fondos ya transferidos para erradicar asentamientos chabolistas deberán devolverse si no se materializan las actuaciones. Moguer es el único que ha comprado suelo para construir 40 viviendas protegidas.
Los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto se juegan más de diez millones de euros en subvenciones estatales si no ejecutan a tiempo los proyectos comprometidos para acabar con los asentamientos chabolistas. La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo, ha recordado este martes que los fondos ya transferidos están sujetos a condiciones y que la Administración General del Estado podría exigir su devolución si no se cumplen los plazos.
La advertencia llega apenas unos días después del incendio que arrasó parte del asentamiento de Palos de la Frontera, un episodio que reabrió el debate sobre la lentitud de las soluciones habitacionales para los cientos de trabajadores agrícolas que viven en infraviviendas en el entorno de Doñana. Martín Murillo ha instado a los consistorios a “aprovechar esos fondos” y ha subrayado que “es una oportunidad única”.
Diez millones ya repartidos y 33 previstos
El Ministerio de Vivienda destinó el pasado año cinco millones de euros a los tres municipios con asentamientos chabolistas —Moguer, Palos y Lucena— para desarrollar soluciones habitacionales para temporeros. Paralelamente, el Ministerio de Inclusión distribuyó otros cinco millones entre todos los municipios del área de influencia para reforzar programas de integración social. En total, el Gobierno prevé movilizar 33 millones de euros dentro de la línea social del Marco de Actuaciones de Doñana.
Según la comisionada, buena parte de esos recursos “ya comienzan a traducirse en nuevos servicios municipales”. Citó como ejemplo la contratación de casi 45 personas —trabajadores sociales, juristas, psicólogos, educadores y mediadores— en los diferentes ayuntamientos, así como nuevas oficinas de asesoramiento jurídico en Pilas y Moguer para facilitar la regularización de migrantes.
Moguer, el único con plan integral
Martín Murillo ha destacado el caso de Moguer, donde el Ayuntamiento ya ha adquirido los terrenos para construir 40 viviendas protegidas destinadas a la integración de los trabajadores temporeros. “Buscamos soluciones estructurales para la vivienda de esta población. Financiamos desde la atención temporal en albergues hasta la construcción de viviendas para evitar la guetización”, ha explicado.
Sin embargo, ha señalado que Palos y Lucena llevan un ritmo “distinto” al de Moguer, que sí cuenta ya con un plan integral. La comisionada ha insistido en que el Gobierno de España ha cumplido con sus competencias —como la apuesta por la regularización de migrantes— pero que corresponde a los ayuntamientos ejecutar las soluciones sobre el terreno. “Nosotros no podemos, no nos lo permite la ley, llevar agua a los asentamientos o recoger la basura. Las administraciones tenemos que cumplir la ley”, ha recordado.
Plazo hasta noviembre de 2029
El Real Decreto 940/2025, de 21 de octubre, establece que las ayudas están destinadas a financiar proyectos concretos: compra de viviendas o suelo, construcción de inmuebles protegidos, rehabilitación o soluciones habitacionales temporales. Las actuaciones deberán ejecutarse, con carácter general, antes del 30 de noviembre de 2029. Si no se materializan, el Gobierno podrá reclamar la devolución de los fondos ya transferidos.
Para el lector onubense, la noticia implica que la erradicación del chabolismo en el entorno de Doñana sigue supeditada a la voluntad municipal. Mientras Moguer avanza, Palos y Lucena deberán acelerar si no quieren perder una inversión millonaria que, de ejecutarse, mejorará las condiciones de vida de cientos de temporeros y la imagen de la comarca.
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