Organizaciones sociales, sindicatos y ecologistas han alzado la voz contra la situación insostenible de los asentamientos de temporeros en Huelva, que se prolonga desde hace 26 años.
Un frente común de organizaciones sociales, sindicatos y colectivos ecologistas ha denunciado este lunes el abandono institucional que sufren los asentamientos de migrantes temporeros en la provincia de Huelva, una realidad que se arrastra desde hace 26 años. En un comunicado conjunto, los firmantes exigen soluciones urgentes ante lo que califican como una “falta de voluntad política” y una “gravísima descoordinación” entre administraciones y empresarios.
Según los colectivos, el problema del chabolismo como única opción habitacional para los trabajadores temporeros sigue prácticamente en el mismo punto que hace dos décadas y media. A pesar de los múltiples acuerdos y planes puestos en marcha, las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado revertir la situación. Entre los hitos fallidos citan el Foro Provincial de la Inmigración de Huelva, creado en 2014, o el Protocolo General de Actuación firmado en julio de 2022 entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Moguer y Lepe, dotado con más de 2,5 millones de euros.
También mencionan el I Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos Informales en Andalucía, presentado en 2023 por el Gobierno de Juanma Moreno, que a día de hoy no ha arrojado resultados tangibles y carece de un presupuesto real y transparente. El acuerdo marco de Doñana, firmado en noviembre de 2023 entre el Gobierno central y la Junta, contempla la integración de la población migrante y la erradicación del chabolismo, pero los colectivos consideran que su aplicación es insuficiente.
Las infraviviendas, construidas con cartón, palés y plásticos, se concentran en zonas forestales de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, dentro del entorno de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Carecen de servicios básicos como recogida de basura, saneamiento, electricidad y agua potable, lo que supone un riesgo tanto para la salud de los ocupantes como para la conservación del ecosistema.
El pasado 14 de julio, representantes de los colectivos se reunieron con la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El encuentro, según las asociaciones, terminó con una “profunda decepción”, ya que las acciones realizadas hasta la fecha no abordan la gravedad de la situación. A pesar de que el convenio firmado en 2023 entre el MITECO y la Junta para la regeneración de Doñana incluye fondos para medidas sociales, la sociedad civil desconoce qué actuaciones concretas se están ejecutando en los municipios.
Los firmantes reclaman transparencia sobre el gasto de los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto con el dinero proveniente del MITECO. Denuncian, además, lo que consideran un “racismo institucional” que se manifiesta en varias prácticas: la negativa a prestar ayuda humanitaria de emergencia tras los incendios en los asentamientos, el bloqueo ilegal del empadronamiento y el abandono de la salubridad, con acumulación de residuos que actúan como combustible para los fuegos.
En este sentido, los colectivos recuerdan el devastador incendio forestal en Los Gallardos (Almería), que causó 13 muertos, y los sucesivos incendios en la provincia de Huelva, como el que arrasó hace una semana el asentamiento de Palos de la Frontera. Exigen que la Junta de Andalucía lidere y coordine las acciones necesarias con todas las administraciones y los agentes sociales y económicos para garantizar condiciones dignas a los trabajadores temporeros.
La situación, advierten, es insostenible y requiere una respuesta inmediata. Los colectivos llaman a la ciudadanía a movilizarse para presionar a las instituciones y poner fin a lo que consideran una vulneración sistemática de los derechos humanos en la provincia de Huelva.
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