El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado solicitar al Ejecutivo central que declare zona gravemente afectada por emergencia de protección civil a 31 municipios andaluces, entre ellos 14 de la provincia de Huelva, por los incendios forestales de finales de julio.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado instar al Gobierno de España a que declare zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a 31 municipios andaluces dañados por los grandes incendios forestales registrados en las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla y por la serie sísmica en la provincia de Granada entre la última semana de julio y el mes de agosto, según publica campinadigital.me.
De los 31 municipios incluidos en la solicitud, 15 corresponden a localidades afectadas por incendios forestales. En Huelva son Berrocal, El Campillo, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Lepe, Niebla, Paterna del Campo, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villarrasa y Zalamea la Real; en Almería, Las Tres Villas y Nacimiento; en Granada, Lecrín; y en Sevilla, Aznalcóllar. Los otros 16 municipios pertenecen a la provincia de Granada y están incluidos por la serie sísmica.
La petición afecta a municipios que no quedaron incorporados al acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de julio de 2026, que declaró 211 zonas afectadas en 14 comunidades autónomas. Esa primera declaración de julio ya recogía algunos incendios andaluces anteriores, pero dejó fuera los grandes incendios de finales de julio y toda la serie sísmica de Granada, que son precisamente los 31 municipios que ahora se pide incluir en el nuevo acuerdo.
La Junta de Andalucía considera que la magnitud de estos episodios justifica solicitar al Gobierno de España la declaración y la adopción de medidas para atender sus consecuencias. Los incendios forestales y los fenómenos sísmicos registrados durante las últimas semanas han ocasionado tanto daños materiales, en bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de carácter público, como personales.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil corresponde al Consejo de Ministros y puede ser solicitada por las administraciones públicas interesadas. Para acordarla se valoran, entre otras circunstancias, los daños materiales que perturben gravemente las condiciones de vida de la población o la paralización de servicios públicos esenciales.
La declaración permite al Consejo de Ministros aprobar diferentes medidas para atender las consecuencias de la emergencia. Entre ellas figuran ayudas económicas a particulares por daños en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad, compensaciones a las corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios y subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial. La normativa contempla también ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales, la apertura de líneas de avales y préstamos preferenciales, así como la posibilidad de adoptar medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social.
Por su parte, el Gobierno andaluz prevé adoptar las medidas que correspondan al amparo del Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, que regula las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos, emergencias de protección civil y catástrofes públicas. Estas actuaciones estarán dirigidas a reparar y paliar las pérdidas sufridas y contribuir a recuperar con la mayor celeridad posible la normalidad en las zonas afectadas.
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