El Monasterio de La Rábida recibirá 200.000 euros para sus obras más urgentes, aportados por la Diputación y dos fundaciones bancarias. Su titularidad sigue sin estar clara.
La Diputación de Huelva ha firmado dos acuerdos de colaboración con las fundaciones Cajasol y Caja Rural del Sur, que aportarán 100.000 euros cada una, hasta sumar 200.000 euros para las obras más urgentes del Monasterio de Santa María de La Rábida, en Palos de la Frontera. La información, avanzada por La Razón, detalla también el estado del edificio y el problema de su titularidad.
Según el informe técnico encargado por la institución provincial y redactado por la arquitecta Marta Santofimia Albiñana (COAH-581), la intervención global costaría alrededor de 1,5 millones de euros. Por separado, Caja Rural del Sur mantiene un compromiso previo para financiar la restauración de la pintura y los frescos del edificio, trabajos que ya avanzan.
El informe señala como problema más grave el deterioro de la cubierta. La teja cerámica ha perdido estanqueidad y la tablazón de madera está dañada, lo que deja pasar el agua de lluvia a las salas interiores. El edificio, situado junto al estuario de los ríos Tinto y Odiel, sufre además el efecto constante de la humedad y del salitre.
Los muros presentan desprendimientos de morteros de cal y pinturas abombadas. En la planta baja, la humedad asciende desde el terreno y provoca eflorescencias salinas en los muros de ladrillo y mampostería. También hay deficiencias en la carpintería exterior, en la cerrajería de forja y en varios tramos de la solería histórica.
Cualquier obra debe ajustarse a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. El proyecto se rige por tres principios: mínima intervención, reversibilidad de los añadidos y compatibilidad de materiales, con morteros de cal afines a la fábrica original. El objetivo a medio plazo es una intervención integral que también proteja la Biblioteca Colombina y los espacios museográficos del cenobio.
El problema de fondo es la titularidad. Según explica la Diputación, el inmueble no figura como propiedad del Estado ni de la Junta de Andalucía, y tampoco pertenece al Ayuntamiento, por lo que la institución provincial no puede destinar fondos públicos de forma directa a su reparación. La Diputación pretende resolver este asunto para asumir o recibir la cesión del edificio y mantener de forma oficial el mantenimiento que ya realiza.
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