La Guardia Civil investiga a tres personas y a una empresa por un presunto delito contra los recursos naturales tras verter alpechín a un cauce que llegó hasta el embalse del Chanza, destinado prioritariamente al abastecimiento.
Según publica Huelva Información, la Guardia Civil ha investigado a tres personas físicas y una sociedad mercantil por un presunto delito contra los recursos naturales y el medioambiente. Los agentes descubrieron un sistema de tuberías ocultas y bombeo que evacuaba miles de litros de alpechín, un residuo muy contaminante de la producción de aceite, hasta un cauce natural de la provincia de Huelva.
La investigación la desarrolla el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) dentro de la operación Oleo. Comenzó en marzo, cuando los agentes detectaron vertidos de origen industrial en un cauce natural y empezaron a inspeccionar la zona para averiguar su procedencia.
Las pesquisas localizaron un complejo sistema de bombeo conectado a tuberías ocultas, que conducía el alpechín desde unas balsas hasta el entorno natural. Los residuos recorrieron unos siete kilómetros por barrancos que normalmente están secos, hasta llegar a la rivera de Calaboza y, después, al embalse del Chanza.
El embalse tiene como uso prioritario el consumo humano. La Guardia Civil no ha comunicado que el agua suministrada a la población se haya visto afectada ni que se hayan decretado restricciones en el abastecimiento.
Los agentes recogieron muestras en distintos puntos del recorrido. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla analizó las muestras y confirmó que los niveles detectados son compatibles con el alpechín de la industria olivarera.
Según advierte la Guardia Civil, la alta concentración de materia orgánica de este líquido consume el oxígeno disuelto en el agua, lo que puede causar efectos tóxicos en los organismos acuáticos y la muerte de peces y plantas por asfixia.
Los hechos podrían constituir un delito contra los recursos naturales y el medioambiente, castigado con entre seis meses y dos años de prisión, además de multas e inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión u oficio. Las diligencias ya se han puesto a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva.
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