La sentencia impone a cada uno un año de prisión y tres años de inhabilitación para trabajar en la industria cárnica. Las piezas procedían de un incendio en un secadero de Monesterio en 2003.
Un año de prisión por un delito contra la salud pública es la pena que el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva ha impuesto a cuatro personas por intentar poner a la venta 43.000 piezas entre jamones y paletas que las autoridades sanitarias habían declarado no aptas para el consumo humano. Según publica vitonica.com, la resolución judicial llega 23 años después de los hechos.
Todo comenzó en junio de 2003, cuando ardió un secadero de embutidos en Monesterio (Badajoz). Los análisis detectaron sustancias procedentes de la combustión de plásticos, con potencial cancerígeno, por lo que la autoridad sanitaria ordenó retirar el lote para incinerarlo o someterlo a tratamiento.
Las piezas debían trasladarse a una planta de tratamiento en Guillena (Sevilla), pero miles de ellas acabaron en la Sierra de Huelva. Según el fallo, los responsables del transporte y los directivos de la empresa encargada de la mercancía ordenaron llevarlas a instalaciones de Aroche y a secaderos de Jabugo, donde las lavaron, les quitaron las cuerdas originales, las untaron con grasa o manteca y les colocaron etiquetas nuevas. Algunas ya estaban en camiones, listas para su distribución, cuando los inspectores detectaron las irregularidades.
La magistrada consideró que el riesgo para la salud existía de forma objetiva, ya que los compuestos se hallaron en la corteza y la grasa superficial, partes que también pueden consumirse o aprovecharse para cocinar. Además de la prisión, cada condenado deberá cumplir tres años de inhabilitación para trabajar en la industria cárnica y pagar una multa de 12 euros diarios durante seis meses.
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