La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) defiende la legalidad de sus incorporaciones y anuncia recursos tras la sentencia que anula la adhesión de Palos de la Frontera y La Palma del Condado.
La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha asegurado este miércoles que recurrirá la resolución judicial que declara nulo el acuerdo de incorporación de los municipios de La Palma del Condado y Palos de la Frontera para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta. Según publica huelvacosta.com, la entidad sostiene que «todas las incorporaciones se han realizado con absoluta transparencia y rigor jurídico».
Los Servicios Jurídicos de Giahsa analizan ya el contenido de la sentencia y procederán a interponer los recursos que correspondan «en defensa de los intereses de la entidad y de los ayuntamientos implicados», según el comunicado difundido por la MAS.
La entidad recuerda que el pasado mes de abril los tribunales desestimaron íntegramente el recurso presentado por el alcalde de Bonares y representante del grupo socialista en el Pleno, Juan Antonio García, contra la incorporación del Ayuntamiento de Cartaya a la MAS para el mismo servicio. Aquella adhesión, aprobada inicialmente en julio de 2024, fue confirmada al considerar que «no era exigible la integración de todo el ciclo integral del agua para formar parte de la Mancomunidad».
El fallo concluyó que la normativa vigente «ampara la gestión supramunicipal del servicio, que los estatutos de la MAS permiten adhesiones parciales y que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Cartaya fue plenamente conforme a derecho».
La MAS también subraya que el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, gobernado por el PSOE, solicitó su incorporación en «idénticos términos», lo que evidencia que esta vía de integración «responde a una necesidad objetiva de gestión y servicio público compartida por distintos municipios, al margen de cualquier consideración política».
«Desde la MAS reiteramos nuestro máximo respeto a las decisiones judiciales, así como nuestra confianza en los mecanismos legales establecidos para su revisión cuando proceda», concluye el comunicado.
La resolución afecta a la gestión del agua en alta de los municipios implicados, que seguirán pendientes de la evolución de los recursos mientras tanto.
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