Un informe del Comité para la Prevención de la Tortura de la UE revela 20 denuncias por agresiones en la prisión onubense entre 2024 y 2025, la cifra más alta de España. El centro, al 134% de su capacidad, es calificado como 'un agujero negro' por activistas.
La prisión de Huelva acumula 20 denuncias por presuntos malos tratos a internos entre enero de 2024 y marzo de 2025, según el último informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) de la Unión Europea. Esta cifra convierte al centro onubense en el que más quejas registra de todo el Estado español, por delante de las cárceles de Algeciras (17) y Puerto III (16), las otras dos señaladas en el estudio.
El informe, que analiza un total de 281 denuncias en 2024 y 81 en el primer trimestre de 2025, apunta a una tendencia al alza respecto a años anteriores: en 2023 se contabilizaron 262 denuncias y en 2022 fueron 247. Los tres centros andaluces concentran más del 14% de todas las quejas presentadas en los 70 centros penitenciarios del país.
Entre los episodios recogidos en la prisión de Huelva destaca el de un interno en silla de ruedas que, según su testimonio, fue agredido el 22 de febrero de 2025 por un grupo de funcionarios que entraron en su celda y le golpearon con porras en la cabeza y el torso, además de propinarle patadas en una pierna. La agresión se produjo después de que el preso anunciara su intención de autolesionarse.
"Un grupo de funcionarios de prisiones entró en su celda y procedió a propinarles golpes con porras en la cabeza y el torso, así como patadas en la pierna", recoge el informe del CPT sobre el incidente del 22 de febrero de 2025.
Otro interno denunció que el 7 de agosto de 2024, tras ser conducido esposado a la sala de registros del Módulo 16, fue objeto de insultos homófobos y agresiones físicas por parte de funcionarios, que incluyeron bofetadas, puñetazos en el pecho y golpes con una porra en las nalgas y la parte posterior de las piernas. Un certificado médico del mismo día corrobora las lesiones, según el informe.
El Gobierno, en su respuesta al CPT, sostiene que las lesiones del interno de febrero de 2025 "difícilmente encajan con el relato de hechos" y que la actuación está siendo investigada. Sin embargo, el informe señala que no se visionaron ni extrajeron las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Jorge del Cura, activista contra la tortura y Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, califica la prisión de Huelva como "un agujero negro" y advierte: "Si no se pueden monitorizar las agresiones, puede pasar de todo". El activista recuerda que ya en 2020 el CPT alertó sobre la dificultad de contrastar la información que llegaba desde el centro onubense.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente del Defensor del Pueblo, ya señaló en su informe de 2025 que la cárcel de Huelva no había cumplido con la exigencia de 2021 de dotar a los centros de cámaras fotográficas para capturar imágenes de las lesiones. En la visita de 2021, el MNP realizó varias recomendaciones, como eliminar las concertinas en los patios del módulo de régimen cerrado y cubrir las vacantes de funcionarios médicos, que fueron rechazadas por la dirección del centro.
La situación se agrava por el hacinamiento. Según el sindicato CSIF, la prisión de Huelva alberga actualmente a 1.350 internos, un 134% más de su capacidad. En 2022, los sindicatos Acaip y UGT ya denunciaban un déficit del 50% en personal sanitario, lo que afecta a la asistencia médica de los presos.
El informe del CPT también pone el foco en la cárcel Puerto III, donde un interno denunció haber sido agredido el 4 de marzo de 2025 por diez funcionarios que le propinaron puñetazos, patadas y golpes con porra, incluso en la planta de los pies, mientras yacía esposado en el suelo. El MNP ya alertó en 2024 de un déficit del 67% en personal médico en ese centro.
Para los vecinos de la provincia de Huelva, estos datos ponen de relieve la situación de un centro penitenciario que, pese a las denuncias y las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales, sigue acumulando quejas por malos tratos sin que se hayan adoptado medidas correctoras efectivas. El Defensor del Pueblo ya ha instado a la instalación de cámaras y a la cobertura de plazas sanitarias, pero el avance es lento.
El informe completo del CPT será debatido en el Consejo de Europa, donde se espera que se inste al Gobierno español a tomar medidas urgentes para garantizar la integridad física de los internos y la transparencia en la actuación de los funcionarios.
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