Al menos 30 personas han muerto en el choque de dos trenes en Urda (Toledo), según el Gobierno de Castilla-La Mancha. El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, expresa su solidaridad con los afectados y con los alcaldes de la zona.
Al menos 30 personas han muerto en el choque entre el tren AVE 2080 y el Iryo 6076 en las vías de Urda (Toledo), según fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha. La información, avanzada por Andalucía Información, sitúa en el centro la reacción del alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, ante el nuevo siniestro.
Moreno ha mostrado su empatía hacia los alcaldes y los vecinos afectados y ha recordado que el accidente hace revivir la tragedia de Adamuz, donde el 18 de enero un Iryo descarriló y colisionó con un Alvia, con 46 muertos y más de 120 heridos. Ha enviado mensajes de apoyo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y al alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez. Según explicó, no les ha llamado para no añadir presión a su trabajo, aunque se ha puesto en su lugar, sobre todo al ver que las cifras de víctimas son aún mayores.
El Ayuntamiento de Adamuz prepara un comunicado de respaldo, consciente de que las autoridades locales están desbordadas. En el texto, la corporación expresa:
«más sentido pésame y toda su solidaridad con las familias y personas afectadas por el grave accidente ferroviario».
El comunicado añade que su pensamiento está también con quienes trabajan en el rescate, la atención a los heridos y la gestión de la emergencia.
Sobre el accidente de Adamuz, que cumple nueve meses, la causa sigue en el juzgado de Montoro (Córdoba), por homicidio y lesiones imprudentes, y no tiene imputados. La jueza ha citado para el 12 de noviembre a técnicos de Iryo, Renfe, otras empresas y peritos, para acceder a los datos de las cajas negras de los dos trenes.
Las cajas negras se abrieron el 5 de marzo en Madrid, tras la autorización judicial del 26 de febrero. En junio, la Junta de Andalucía aprobó un gasto de 1.980 euros más IVA para la pericia técnica que permita analizar la información grabada en los registradores de ambos trenes.
Dos laboratorios ensayarán el balasto y las traviesas de la vía para comprobar si cumplían los estándares mínimos, con un informe en un plazo de seis meses desde julio. Los tres peritos del caso prevén entregar su informe a principios de 2027 y han advertido en su escrito al juzgado:
«dicho plazo podrá acomodarse en el tiempo a las necesidades del juzgado».
Un informe de la Guardia Civil confirma que la vía se rompió 22 horas antes del descarrilamiento del Iryo, que segundos después colisionó con el Alvia. La investigación descarta sabotaje, terrorismo o negligencia de los maquinistas y apunta a la rotura del raíl o de la soldadura como causa probable, a la espera de análisis periciales. Previamente, registros eléctricos de las señales de la zona mantenidos por Hitachi apuntaban a una caída de tensión compatible con la rotura.
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz pidió en verano al Gobierno y a Adif la interrupción temporal del tráfico ferroviario en España. En julio, su abogado, Antonio Benítez Ostos, envió un requerimiento a Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, a Rocío Báguena, presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, y al ministro de Transportes, Óscar Puente. La asociación pide que la interrupción dure hasta que se emita una certificación que confirme
«la plena seguridad y fiabilidad del sistema»
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