Un nuevo incendio en un asentamiento chabolista de Lucena del Puerto ha arrasado varias infraviviendas, sumándose al ocurrido días atrás en Palos de la Frontera. Las ONG denuncian 26 años de «degradación extrema» y piden soluciones urgentes para los jornaleros de la fresa.
Las llamas han vuelto a poner en el punto de mira las condiciones de vida de los temporeros de la fresa en la provincia de Huelva. Este lunes, un incendio en Lucena del Puerto ha calcinado varias chabolas, apenas unos días después de que otro fuego arrasara centenares de ellas en Palos de la Frontera. Los asentamientos, construidos con palets, cartón y plástico, son «pasto fácil de las llamas», según denuncian 32 asociaciones, sindicatos y partidos políticos en un comunicado conjunto.
26 años de abandono institucional
El documento, titulado Asentamientos de chabolas en Huelva: 26 años de abandono institucional, recoge que ya han muerto cinco trabajadores en estos incendios. «La sociedad civil se pregunta si estamos esperando a que haya más muertos», advierten los firmantes. El texto incide en que, en un Estado de Derecho, es «absolutamente inadmisible» que quienes sostienen el motor económico de la provincia vivan en condiciones de extrema degradación.
Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, señala que la situación no mejora en la reserva de la biosfera de Doñana. «En Lucena, Moguer y Palos la situación no mejora, salvo la cuenta de resultados. Son incapaces de arreglar esta situación cronificada», afirma. Romero recuerda que el negocio de los frutos rojos genera 1.450 millones de euros en ventas anuales y demanda más de cien mil puestos de trabajo cada campaña, pero no ofrece una solución habitacional digna.
Más de 10.000 personas en situación precaria
Las ONG calculan que en Huelva hay unos 5.000 jornaleros en temporada alta que habitan en chabolas, ubicadas principalmente en Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Lepe y Mazagón. Según datos del Gobierno de España, más de 10.000 personas de la provincia intentarán incorporarse al mercado laboral en el proceso de regularización abierto, aunque no todas viven en asentamientos. La APDHA estima un déficit de entre 8.000 y 10.000 trabajadores respecto a la demanda empresarial.
Un informe de la APDHA titulado Las fronteras internas en Andalucía detalla que vivir en estos asentamientos conlleva graves riesgos para la salud y la seguridad, además de condenar a la exclusión social. La falta de acceso al alquiler de vivienda se ceba especialmente con las mujeres migrantes. Las chabolas, construidas con materiales desechados, carecen de electricidad y agua corriente, lo que provoca incendios recurrentes.
La ONU ya alertó en 2020
En 2020, el relator de la ONU sobre extrema pobreza, Philip Alston, visitó un asentamiento en Huelva y describió las condiciones como «entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo». Subrayó que los trabajadores viven a kilómetros del agua, sin saneamiento ni acceso legal a la electricidad. Pese a ello, la situación no ha mejorado.
Tras el incendio de Palos, las ONG atendieron a los afectados, pero Romero insiste en que esa no es la solución. «Hacen falta medidas de emergencia: infraestructuras portátiles con agua, luz y cama, hasta que se encuentre una solución definitiva. De lo contrario, los incendios pueden provocar una desgracia de vidas humanas», alerta. Las chabolas están ubicadas en medio del pinar, lo que agrava el riesgo.
Mientras tanto, los temporeros siguen viviendo al límite, a la espera de que las administraciones y el sector fresero asuman su responsabilidad. El próximo paso, según los colectivos, es exigir un plan habitacional urgente que garantice condiciones dignas a quienes ponen la comida en la mesa de media Europa.
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