La organización agraria solicita al Ejecutivo que los municipios afectados por el fuego en la comarca onubense sean considerados zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.
La organización agraria Asaja-Huelva ha reclamado al Gobierno de España que incluya las áreas del Andévalo onubense castigadas por los incendios forestales en la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil. La petición llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el pasado domingo, durante su visita a las zonas incendiadas de Ávila, que el Ejecutivo aprobará esta declaración para los territorios más damnificados por los fuegos de los últimos días.
Asaja-Huelva considera que hay razones objetivas para que el Andévalo sea incluido en esa declaración. Los incendios, que se registraron en la comarca, afectaron a unas 6.300 hectáreas en los términos municipales de Alosno, Villanueva de los Castillejos, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre. De esa superficie, aproximadamente 4.000 hectáreas correspondían a dehesas productivas, un ecosistema clave para la economía local.
La valoración inicial de los daños supera los 35 millones de euros, según los cálculos de la organización agraria. Esta cifra incluye pérdidas de biodiversidad, arbolado e infraestructuras, pero no contempla el impacto en la productividad futura ni el coste total de la restauración, por lo que el impacto económico real será sensiblemente superior. Los incendios han golpeado explotaciones ganaderas, agrícolas, forestales, cinegéticas, apícolas y turísticas, comprometiendo la continuidad de muchos negocios y afectando a la economía, el empleo y la fijación de población en la comarca.
Asaja-Huelva sostiene que sería difícilmente justificable que el Gobierno deje fuera al Andévalo, dada la magnitud de la superficie arrasada y la relevancia de las pérdidas. La organización recuerda que ha presentado un informe técnico y económico detallado a la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno. Tras una reunión con la subdelegada y los alcaldes de los municipios afectados, la Subdelegación se comprometió a elevar la documentación al Gobierno de España y a estudiar las líneas de ayuda disponibles, trasladando la situación a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
La organización agraria insiste en que la normativa forestal obliga a los propietarios a restaurar las superficies incendiadas, a pesar de que son las víctimas del fuego y, en su mayoría, no tienen seguros que cubran estas pérdidas. Asaja-Huelva rechaza que los afectados asuman en solitario una restauración que supera su capacidad económica.
“Los datos están acreditados, los daños han sido evaluados y la documentación está en manos de las administraciones. El Gobierno no tiene ninguna razón para excluir al Andévalo. El próximo Consejo de Ministros debe reconocer la dimensión de esta catástrofe y aprobar las medidas que los afectados llevan semanas esperando”, concluye la organización.
Para los vecinos y empresarios del Andévalo, la declaración como zona catastrófica supondría el acceso a ayudas directas, exenciones fiscales y subvenciones para la restauración de las explotaciones dañadas. La decisión del Ejecutivo se espera en las próximas semanas, una vez que el Consejo de Ministros analice los informes presentados.
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