La letrada Gemma Gutiérrez, adscrita al partido judicial de Ayamonte, replicó en latín a un colega que se dirigió al juzgado en catalán sin traducción al español, en el marco de un litigio por accidente.
Una abogada de Ayamonte, Gemma Gutiérrez, ha recurrido al latín para responder a un escrito judicial redactado en catalán. El cruce de comunicaciones se ha producido en un procedimiento por el que una clienta de la letrada reclama una indemnización de 10.000 euros por un accidente ocurrido en 2020 en una superficie comercial.
El abogado del centro comercial demandado presentó ante el juzgado una solicitud para intervenir por videoconferencia y modificar la fecha del juicio, fijada para noviembre de 2026. Sin embargo, el escrito remitido a la defensa de la parte contraria estaba redactado íntegramente en catalán y carecía de traducción al castellano.
Ante esta circunstancia, Gemma Gutiérrez optó por responder en latín, una lengua que no es oficial en ninguno de los territorios implicados. En su escrito, la letrada expone que no encuentra causa justa para cambiar la fecha señalada y recuerda que la comunicación del colega no se ha realizado en español, lo que impide a la parte contraria y al propio tribunal conocer su contenido.
“Petitioni suspensionis deest iusta causa ad diem conventam mutandam, cuius iusta causa proposita est resolutio lingua alia quam Hispanica sine translatione, hac parte et ipsa curia nescientibus quid in dicto documento exprimatur vel eius significationem”, reza el texto en latín.
La abogada onubense ha acompañado su respuesta con una copia traducida al catalán, de modo que ambas partes disponen de las peticiones formuladas en los respectivos idiomas empleados durante el intercambio.
El caso ha trascendido después de que el diario Huelva Hoy lo adelantara. La peculiar respuesta ha llamado la atención en el ámbito jurídico local, aunque la letrada se ha limitado a defender el derecho de su cliente a entender los escritos procesales.
Será ahora el juzgado de Ayamonte el que deba resolver sobre las solicitudes planteadas: tanto la petición de videoconferencia y cambio de fecha del abogado del centro comercial como la oposición formulada en latín por la defensa de la afectada.
El incidente lingüístico se enmarca en un litigio por daños personales. La demandante sufrió un accidente en 2020 en el establecimiento comercial y reclama una indemnización de 10.000 euros. La fecha del juicio está prevista para noviembre de 2026, aunque podría modificarse si el juzgado estima la solicitud del letrado contrario.
Para los vecinos de la comarca de Ayamonte, este caso pone de relieve la importancia de la claridad en las comunicaciones judiciales y el derecho a entender los escritos que se reciben. La decisión del juzgado será clave para el desarrollo del procedimiento.
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