La letrada Gemma Gutiérrez, que representa a un cliente en un accidente de 2020, decidió replicar en catalán y latín tras recibir un documento sin traducir en el partido judicial de Ayamonte.
Una abogada del partido judicial de Ayamonte ha respondido en latín a un escrito redactado en catalán que recibió en el marco de un procedimiento por accidente. La letrada, Gemma Gutiérrez, representa a una persona que sufrió daños en una superficie comercial en 2020 y reclama una indemnización de unos 10.000 euros.
El escrito en catalán fue presentado por el letrado de la superficie comercial para solicitar que el juicio, fijado para noviembre de 2026, se celebrara por videoconferencia. Gutiérrez consideró improcedente que un juzgado de Huelva admitiera un documento en una lengua no cooficial en Andalucía sin traducción, y optó por contestar en catalán y latín para evidenciar lo que considera una anomalía.
La abogada ha explicado que su decisión busca denunciar tanto la falta de medios de los juzgados de Ayamonte como la lentitud de los procedimientos. El caso, que se remonta a 2020, refleja una demora que la letrada atribuye a la escasez de recursos y personal en la zona.
El juzgado deberá ahora pronunciarse sobre la admisión de los escritos y sobre la petición de videoconferencia. Mientras tanto, el incidente ha abierto un debate sobre el uso de lenguas cooficiales en órganos judiciales fuera de sus territorios.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el castellano es la lengua oficial en las actuaciones judiciales, aunque se permite el uso de lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades. Sin embargo, los documentos deben traducirse cuando surtan efecto fuera de ese ámbito. En este caso, el escrito en catalán llegó a un juzgado de Huelva, donde el catalán no es cooficial.
Para Gutiérrez, el problema de fondo es la saturación de los juzgados de Ayamonte. La abogada denuncia que los procesos tardan años en resolverse y que la falta de medios afecta a los ciudadanos. El accidente ocurrió en 2020 y el juicio no se celebrará hasta finales de 2026, un plazo que considera excesivo.
La petición de videoconferencia añade otro punto de debate. La justicia telemática se ha generalizado tras la pandemia, pero su implantación no es uniforme. En Ayamonte, la letrada duda de que existan los medios técnicos suficientes para garantizar una vista en condiciones.
El caso, que comenzó como una reclamación civil por daños, ha derivado en una discusión sobre lenguas, formalidades procesales y recursos judiciales. La respuesta en latín de Gutiérrez ha tenido repercusión mediática, pero la abogada insiste en que su objetivo era poner de manifiesto un problema estructural.
El juicio está previsto para noviembre de 2026, aunque la resolución de las cuestiones previas podría retrasarlo aún más. Mientras tanto, el juzgado deberá decidir si admite los escritos en catalán y latín y si la vista se celebrará de forma presencial o telemática.
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