El PSOE de Huelva reclama la nulidad de pleno derecho de las tres ordenanzas de agua y residuos aprobadas por la MAS el 29 de julio de 2025, tras dos sentencias judiciales. El Ayuntamiento de Bonares ya ha pedido al TSJA que las anule.
El PSOE de Huelva ha reclamado la nulidad de las ordenanzas de agua y residuos aprobadas por la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y Giahsa, después de dos resoluciones judiciales relacionadas con la gestión de la entidad, según publica Diario de Huelva.
El alcalde de Bonares y representante socialista en Giahsa, Juan Antonio García, ha comparecido junto a otros cargos del PSOE para valorar los dos fallos. La primera sentencia, dictada el 31 de julio, estima los recursos del Ayuntamiento de Bonares contra la incorporación de Palos de la Frontera y La Palma del Condado a la MAS exclusivamente para la gestión del agua en alta. García sostiene que el fallo deja sin efecto esa incorporación y ha señalado que el PSOE ha solicitado su ejecución.
La segunda resolución, fechada el 16 de septiembre, está relacionada con el procedimiento seguido para aprobar las ordenanzas que regulan las tarifas de agua y residuos. Según García, el fallo cuestiona el procedimiento empleado y podría tener consecuencias sobre las ordenanzas aprobadas después.
El representante socialista ha anunciado que el Ayuntamiento de Bonares ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declare la nulidad de pleno derecho de las tres ordenanzas aprobadas el 29 de julio de 2025, que se publicaron en agosto.
Las nuevas ordenanzas fueron aprobadas por la MAS en julio de 2025 y regulan, entre otros aspectos, la prestación patrimonial de los servicios del ciclo integral del agua y la recogida de residuos. En aquel momento, Giahsa defendió que las medidas permitirían afrontar los costes operativos y la carga financiera de la empresa sin recurrir a nueva financiación externa ni aumentar la deuda.
García considera que las dos resoluciones judiciales tienen además relación con la composición y el funcionamiento de la MAS. En concreto, sostiene que la incorporación de municipios únicamente para la gestión del agua en alta permitió sumar votos en las decisiones de la mancomunidad. Según sus cálculos, Cartaya, Palos de la Frontera y La Palma del Condado suman 51 votos, mientras que la aprobación del denominado tarifazo salió adelante por una diferencia de 21.
El PSOE sostiene que, si finalmente se declara la nulidad de las ordenanzas, la MAS tendría que iniciar de nuevo el procedimiento para aprobar las tarifas, con las consecuencias que ello pudiera tener sobre las cantidades abonadas por los usuarios.
"La MAS tendría que iniciar de nuevo el procedimiento para aprobar las tarifas"
La comparecencia también sirvió para anunciar que permanecen abiertos otros procedimientos judiciales relacionados con la MAS y Giahsa, entre ellos recursos vinculados a las ordenanzas, a la salida de Almonte y otros asuntos planteados por distintos ayuntamientos.
El PSOE ha asegurado que continuará fiscalizando la gestión de la MAS y Giahsa y defendiendo, según ha señalado García, el carácter público de la empresa y la prestación de los servicios de agua y residuos en condiciones que considera adecuadas para los municipios de la provincia.
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