La comisionada del Ciclo del Agua, Laura Martín Murillo, ha pedido este martes a las administraciones que utilicen los 33 millones de euros previstos hasta 2027 para acabar con el chabolismo y mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas en el entorno de Doñana.
La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica, Laura Martín Murillo, ha instado este martes a los ayuntamientos de la provincia de Huelva a que aprovechen los fondos del Marco de Actuaciones de Doñana para mejorar las condiciones de los temporeros agrícolas. Durante un encuentro en la Universidad de Huelva con organizaciones sociales, Martín ha subrayado que la sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de medidas sociales.
33 millones para vivienda e inclusión social
El Ministerio ya ha movilizado 22 millones de euros en los dos últimos años para combatir el chabolismo en el entorno de Doñana. En total, hasta 2027 se prevé una inversión de 33 millones de euros en vivienda y servicios sociales para los temporeros. Estas partidas forman parte de los dos Marcos de Actuaciones para Doñana, que suman más de 700 millones de euros hasta 2028, coordinados por doce ministerios.
La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado que el Gobierno tiene un compromiso “por una cuestión de humanidad, de sensibilidad social y de política migratoria”. Ha recordado que más de 10.000 personas en Huelva se beneficiarán del proceso de regularización en marcha, y que la inclusión es una prioridad.
Ayudas directas a los municipios
Las subvenciones se dirigen a los catorce municipios del área socioeconómica de Doñana, para reforzar servicios sociales, administrativos o jurídicos. Ya se han contratado 44 personas y se prevén 13 más. Además, se financian actividades educativas contra el racismo y la xenofobia. En materia de vivienda, se han ofrecido proyectos integrales a Lucena, Palos de la Frontera y Moguer, los tres municipios con asentamientos chabolistas. Entre las medidas más inmediatas, destaca la construcción de 40 viviendas en Moguer y el equipamiento de un centro de estancia temporal.
Martín ha calificado de “inédito” que un marco de restauración ambiental financie también vivienda y servicios sociales, con el esfuerzo de tres ministerios desde 2025. “Restaurar Doñana y dignificar la vida de quienes trabajan en su entorno no son dos políticas distintas: son parte del mismo proyecto”, ha resumido. Ha animado a las organizaciones sociales a participar en el diseño de los proyectos municipales para que los fondos se absorban lo antes posible.
Un incendio reciente pone el foco en la urgencia
El mismo día, preguntada por el último incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera, la comisionada ha recordado que las competencias en materia de vivienda son municipales y autonómicas, pero que el Gobierno está “haciendo todo lo que está en su mano”. El suceso ha vuelto a poner de relieve la necesidad de acelerar las actuaciones previstas.
Para los vecinos de la provincia, estas medidas suponen un cambio tangible: más de 40 familias en Moguer tendrán una vivienda digna, y los servicios sociales municipales se reforzarán con personal y recursos. El reto ahora es que los ayuntamientos agilicen los proyectos para que los fondos lleguen a quienes más lo necesitan.
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