La Subdelegación del Gobierno en Huelva confirma que las ayudas para agricultores del entorno de Doñana se resolverán antes de que acabe julio, tras recibir la documentación pendiente de la Junta y de un ayuntamiento.
La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha anunciado que las ayudas destinadas a los agricultores del entorno de Doñana para la renaturalización de sus tierras se resolverán de forma provisional antes de que finalice el mes de julio. Así lo ha confirmado la subdelegada, María José Rico, quien ha explicado que ya se ha recibido toda la documentación necesaria que faltaba por parte de la Junta de Andalucía y de una administración local.
En una entrevista, Rico ha detallado que se han presentado más de 500 solicitudes para optar a una partida de 28,5 millones de euros. La subdelegada ha subrayado que esta convocatoria no será la única, ya que está previsto que se lancen una segunda y una tercera, de modo que ningún agricultor que cumpla los requisitos se quede fuera. “Van a salir las resoluciones provisionales antes de que acabe el mes de julio”, ha afirmado.
Cada hectárea renaturalizada podrá recibir hasta 70.000 euros, una cantidad que la subdelegada ha calificado de “no baladí”. Rico se ha mostrado “muy orgullosa” de estas ayudas, recordando que antes existía un “enfrentamiento brutal” que se resolvió tras un consenso con la Junta de Andalucía, cumpliendo así el acuerdo firmado. La segunda convocatoria podría publicarse en septiembre u octubre.
Los Marcos de actuación de Doñana, que inicialmente contaban con una previsión de 706 millones de euros, ya han superado los 750 millones y la inversión sigue en aumento. El objetivo es equilibrar el territorio de Doñana, fomentando la renaturalización, eliminando pozos ilegales y protegiendo el acuífero, sin descuidar el desarrollo de los 14 municipios afectados, ocho de ellos en la provincia de Huelva.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, el acuerdo socioeconómico alcanza aproximadamente un 60% de movilización, mientras que el ambiental supera ese porcentaje. Actualmente hay cerca de 350 millones en marcha y de las 55 medidas planteadas, 44 ya están en proceso de implantación.
Entre las líneas contempladas, destaca la Línea 10, con una asignación de 70 millones de euros, centrada en mejorar infraestructuras relacionadas con eficiencia energética, economía circular y proyectos que beneficien a los pueblos del entorno. Otra línea clave es la Línea 13, enfocada en la prevención y la integración sociolaboral de personas temporeras extranjeras, un tema que genera gran sensibilidad en la provincia.
En esta línea se ha trabajado con ayuntamientos como Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, donde hay mayor concentración de asentamientos. Estos municipios, gracias a la subvención del Gobierno de España, han contratado a más de 43 personas para tareas que incluyen regularización documental, apoyo a la integración y elaboración de itinerarios personalizados para facilitar la inserción laboral. Además, junto a Cepaim, se ha implementado un proyecto piloto.
Se han destinado cerca de 5 millones de euros para mejorar viviendas destinadas a temporeros, promoviendo condiciones dignas de habitabilidad. La subdelegada ha remarcado que, pese a las críticas, el Gobierno está actuando con estas inversiones y prepara otros 15 millones adicionales para esta área, sumando un total de 20 millones, siempre que exista compromiso local. Ha recordado que, tras el incendio en Palos de la Frontera, un alcalde “no se puede negar a limpiar esa zona o a suministrar agua”.
Según un informe de Cáritas, más del 70% de las personas temporeras son regulares y cerca del 20% están en proceso de regularización. La subdelegada ha hecho un llamado a aprovechar las cuatro líneas de inversión disponibles para que los ayuntamientos no se vean solos y puedan contratar especialistas, contando con la asistencia de la Oficina Técnica de Doñana y el Gobierno.
Respecto al deslinde de Doñana, que afecta aproximadamente a 119 kilómetros de marismas en los municipios de Hinojos, Almonte y Aznalcázar, Rico ha indicado que el Ministerio sostiene que estas áreas son de dominio público marítimo, correspondiendo a terrenos inundables que se protegieron mediante la construcción de un muro de 14 kilómetros conocido como “la Montaña del Río”.
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