La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha detallado en el Pleno del Parlamento andaluz los mecanismos de colaboración público-privada de la nueva norma para agilizar la restauración de terrenos quemados.
Según publica agrodiariohuelva.es, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, expuso en el Pleno del Parlamento andaluz cómo la nueva Ley de Montes pretende acelerar los planes de restauración forestal en terrenos afectados por incendios, con la colaboración entre el sector público y el privado.
Entre esos mecanismos figuran las Entidades Selvícolas de Colaboración, que se encargarán de la ejecución técnica y material de las actuaciones y de mantener el control y las garantías ambientales. A través de ellas, un grupo de pequeños propietarios afectados por un incendio o una plaga podrá organizar de forma conjunta la retirada de madera o los tratamientos selvícolas, con una tramitación administrativa unificada.
La norma simplifica además los trámites y exime de presentar planes de restauración en los terrenos afectados por catástrofes de menos de diez hectáreas. También incluye medidas para el pastoreo preventivo y la ganadería extensiva, como la bonificación durante un año del precio de los aprovechamientos de pastos en montes públicos autonómicos.
Fina Martínez recordó que el 71% de los más de 4,38 millones de hectáreas forestales de Andalucía son de propiedad privada. La política forestal busca conservar los montes compatibilizando su protección con el aprovechamiento sostenible de sus recursos.
La planificación se apoya en la adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030, que fija las prioridades de la década en adaptación al cambio climático, servicios de los ecosistemas y actividad económica ligada a los recursos forestales, mientras la ley regula la organización, el uso y la administración de los montes.
En cuanto a los trámites, determinados aprovechamientos y cambios en la cubierta vegetal previstos en instrumentos de ordenación ya aprobados podrán tramitarse mediante comunicaciones previas o declaraciones responsables, siempre que no pongan en peligro la conservación de los recursos forestales. Entre ellos se citan los aprovechamientos maderables de turno corto y los domésticos de menor cuantía.
La Consejería gestiona más de 517.000 hectáreas de 251 ayuntamientos, el 86,52% de la superficie forestal pública de titularidad local, y las nuevas instrucciones generales para la ordenación de montes fijan contenidos técnicos mínimos y un modelo de convenios municipales de hasta diez años de duración. La tramitación telemática se extiende a la adjudicación de asentamientos apícolas en montes autonómicos, y el sistema SIGFOR digitaliza el seguimiento de las actuaciones forestales.
Sobre los trabajos de este año, la consejera informó de 18 contratos de tratamientos selvícolas preventivos por 10,2 millones de euros para intervenir en 2.650 hectáreas, además de obras en caminos forestales y vías pecuarias por 38,9 millones. Para los montes privados, las ayudas de la PAC contarán con 44,3 millones de euros de fondos FEADER, y las previsiones de 2027 recogen 48,8 millones para gestión forestal sostenible.
En respuesta a una pregunta sobre los daños de los incendios, Fina Martínez informó de dos fases de obras de emergencia por el incendio forestal de Niebla, que suman casi cinco millones de euros y abarcan 2.231 hectáreas, con trabajos para reducir la erosión y favorecer la regeneración de la vegetación.
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