El presidente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, Santiago Ponce, asegura que el fallo afecta a unas ordenanzas de mayo de 2025 que nunca se aplicaron. El Ayuntamiento de Bonares defiende lo contrario y pide la nulidad de las normas en vigor.
Las tarifas del agua que cobra Giahsa en la provincia de Huelva no se modificarán como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estimó el recurso del Ayuntamiento de Bonares contra el procedimiento de aprobación de unas ordenanzas de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS). Así lo defiende el presidente de la entidad, Santiago Ponce, quien sostiene que la resolución judicial se refiere a unas normas publicadas en mayo de 2025 que nunca llegaron a aplicarse.
La información, avanzada por Huelva Información, recoge que Ponce ha salido al paso de la interpretación del alcalde de Bonares, Juan Antonio García, para quien el fallo supone un nuevo revés judicial y abre la puerta a que puedan anularse también las ordenanzas posteriores, las que están actualmente en vigor.
"No se han parado las tarifas"
Según la versión de Ponce, el problema surgió en la publicación inicial de las ordenanzas, cuando no se incluyó el párrafo que indicaba su carácter provisional y la apertura del periodo de exposición pública de 30 días. Detectado el error, la Mancomunidad decidió no aplicarlas y reiniciar el procedimiento. Ese segundo proceso incluyó una nueva publicación, el plazo de alegaciones, su debate y la aprobación definitiva de las ordenanzas publicadas el 18 de agosto de 2025, que son las que rigen ahora.
El Ayuntamiento de Bonares mantiene otra lectura. Juan Antonio García considera que la sentencia no se limita a detectar un error formal, sino que determina que la norma estaba "viciada de nulidad desde el origen". A partir de ese argumento, el Consistorio ha pedido al TSJA que declare la nulidad de pleno derecho de las tres ordenanzas aprobadas el 29 de julio de 2025 y publicadas el 18 de agosto, al entender que siguieron el mismo procedimiento inicial. Para el regidor, el fallo "abre la puerta a la nulidad del tarifazo".
Ponce separa ambos procesos y afirma que la resolución conocida no tiene efectos sobre las cantidades que pagan los usuarios. Reconoce que las tarifas vigentes están recurridas judicialmente, pero precisa que ese procedimiento es distinto: el recurso lo ha presentado el Ayuntamiento de Paterna del Campo y cuestiona la justificación económica de las ordenanzas. "Está ahora mismo en los tribunales. Pero no tiene nada que ver con la otra", ha señalado.
La controversia vuelve a poner el foco en la subida tarifaria aprobada por la MAS. Ponce confirma que el incremento fue del 10% y lo justifica por la situación económica de Giahsa, con una deuda que cifra en 165 millones de euros. El presidente de la Mancomunidad sostiene que la alternativa pasaba por reducir ese endeudamiento o comprometer la continuidad de una empresa que presta servicio de agua a más de 350.000 habitantes de la provincia.
Giahsa ha difundido su posición en redes sociales, donde insiste en que "las tarifas hoy vigentes no son las tarifas afectadas por la sentencia". Frente a ello, García mantiene que los recursos de los ayuntamientos socialistas cuestionan jurídicamente la forma en que la MAS ha adoptado algunas decisiones. Por ahora, la sentencia conocida no implica una modificación de las tarifas que se están cobrando, según la interpretación de la MAS, mientras sigue pendiente de resolución el procedimiento que afecta a las ordenanzas actuales.
