La plataforma Huelva contra el Racismo denuncia que los afectados por el incendio del asentamiento de Lucena del Puerto siguen durmiendo en la calle, contradiciendo la versión de la Subdelegada del Gobierno, que aseguró que habían sido realojados y atendidos.
La Plataforma Social Huelva contra el Racismo ha acusado a la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, de ofrecer una versión que no se ajusta a la realidad de las personas afectadas por el incendio que el pasado 15 de septiembre destruyó el asentamiento de Lucena del Puerto y causó la muerte de un trabajador maliense de 38 años. La denuncia, recogida por revista.lamardeonuba.es, se ha hecho pública en un comunicado en el que los colectivos contradicen abiertamente las declaraciones de Rico, quien aseguró ante los medios que los damnificados habían sido realojados y estaban siendo atendidos.
Según las organizaciones que trabajan a diario en la localidad, los temporeros afectados continúan pernoctando en la calle y la única asistencia que reciben procede de las propias entidades sociales, que les proporcionan alimentos, ropa y otras donaciones básicas. Los colectivos firmantes no entienden «la intención de la Subdelegada al ofrecer una versión irreal de los acontecimientos» y enmarcan sus palabras en una respuesta institucional que consideran insuficiente ante una emergencia que ha dejado a decenas de personas sin alojamiento y sin buena parte de sus pertenencias.
El comunicado también señala al alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, por haber negado la autorización a los damnificados para reconstruir el asentamiento, y al presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, cuya institución, afirman, no ha mostrado interés en aportar soluciones a quienes han quedado a la intemperie.
La plataforma sitúa lo ocurrido dentro de un problema que se prolonga desde hace más de treinta años en la provincia de Huelva. Miles de trabajadores agrícolas continúan viviendo en asentamientos levantados en mitad del campo, sin suministro de agua, electricidad segura ni condiciones mínimas de salubridad, rodeados en muchos casos por acumulaciones de residuos y expuestos periódicamente a incendios que destruyen sus escasas pertenencias y, como ha ocurrido esta semana en Lucena, pueden acabar también con sus vidas.
Los colectivos responsabilizan de la persistencia de esta situación a las distintas administraciones y a otros actores vinculados al sector agrícola. A la Inspección de Trabajo por no conseguir controlar la presencia de personas sin contrato en explotaciones agrícolas; a las patronales freseras porque, según denuncian, ni siquiera recogen esta realidad en sus informes; y a los ayuntamientos que se niegan a empadronar a personas que viven dentro de sus términos municipales.
Asimismo, reprochan a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que los distintos planes y proyectos impulsados durante estos años no hayan conseguido poner fin a los asentamientos ni garantizar unas condiciones de vida dignas para quienes trabajan en las campañas agrícolas.
Cuatro días después del incendio, las organizaciones firmantes reclaman una respuesta inmediata para las personas que continúan sin alojamiento y en situación de extrema necesidad. Junto a esa actuación de emergencia, exigen un acuerdo entre las instituciones que ponga fin a una realidad que, tres décadas después, sigue dejando a trabajadores agrícolas privados de las condiciones más elementales de una vida digna.
La Plataforma Social de Huelva contra el Racismo está integrada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA), Asociación Huelva para Todas y Todos, Asociación de Mujeres Inmigrantes AMIA, Asociación Maliense de Lepe, Asociación Multicultural de Mazagón, Asnuci, HOAC, Huelva Acoge, Jornaleras de Huelva en Lucha, Asociación La Carpa, Mujeres 24 H, PCA y Podemos.
Por su parte, Cáritas Diocesana de Huelva, Huelva Acoge, Codenaf, Mujeres en Zona de Conflicto e Inserta Andalucía han reclamado una respuesta inmediata para las personas afectadas por el incendio mortal y soluciones habitacionales estables que permitan acabar con la realidad de los asentamientos. Las cinco entidades subrayan que fue el segundo incendio registrado en el mismo asentamiento en apenas siete días y exigen alojamiento seguro, atención sanitaria, acompañamiento social y cobertura de las necesidades básicas de quienes han perdido el lugar donde vivían y sus pertenencias.
Tras reunirse con el alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, las organizaciones aseguran que el Ayuntamiento les trasladó que carece de recursos suficientes para ofrecer alternativas habitacionales a las personas damnificadas. Además, reclaman la implicación activa de las empresas vinculadas al sector agrícola en la búsqueda de soluciones.
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