Un trabajador de Mauritania de 39 años falleció el 26 de septiembre en Palos de la Frontera y otro de Malí de 36 el día 15 en Lucena del Puerto. Desde 2019 se han registrado al menos 40 incendios en chabolas de la provincia.
Dos trabajadores migrantes han muerto calcinados en menos de quince días en incendios ocurridos en asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva. El primero de los siniestros se produjo el 15 de septiembre en Lucena del Puerto, donde falleció un jornalero de 36 años originario de Malí. El fuego destruyó medio centenar de chabolas y dejó varios heridos.
Once días después, el sábado 26 de septiembre, las llamas acabaron con la vida de un trabajador de Mauritania de 39 años en Palos de la Frontera. Este hombre participaba en las campañas agrícolas de la zona desde 2025 y murió en un incendio que arrasó una veintena de infraviviendas, construidas con palés y plásticos, según publica elsaltodiario.com.
Estas muertes se suman a una lista que arranca en 2019. Ese año falleció entre las llamas Toufik Alasar, de 24 años. En 2021 perdieron la vida Ato y Ghida en Lucena del Puerto; en 2022, Mohamed Alam en un incendio en un asentamiento de Lepe; y el 24 de enero de 2025 murió Kullo Konay, jornalero de 40 años, también en Lucena del Puerto. Las organizaciones por los derechos humanos contabilizan al menos 40 incendios en estos núcleos desde 2019. El pasado julio de 2026, un macroincendio en Palos de la Frontera arrasó 300 chabolas.
Desde la APDHA denuncian que se trata de "un problema estructural" y recuerdan que "la respuesta institucional no puede comenzar cuando arden las chabolas y terminar cuando se apagan las llamas".
La asociación subraya que la prevención, la vivienda y la garantía de derechos corresponden a las administraciones públicas. En estos asentamientos, donde viven más de 5.000 personas, los incendios son continuos.
La plataforma Padrón x Derecho reclama soluciones habitacionales urgentes y dignas. Señala que el chabolismo en los municipios de agricultura intensiva de Andalucía está cronificado por la falta de respuestas institucionales, el racismo inmobiliario y la ausencia de políticas públicas de vivienda. A su juicio, los planes de erradicación buscan "desalojar y destruir asentamientos de chabolas para invisibilizar todo lo posible la precariedad y la pobreza que rodean al agronegocio", y tras 26 años de chabolismo en Huelva los califica de "una farsa".
Padrón x Derecho sostiene que la industria de los frutos rojos sigue un "modelo depredador, cruel y extractivista que crece bajo la complicidad de las administraciones".
El colectivo también critica la negativa de los alcaldes de los municipios freseros a empadronar a quienes residen en estos asentamientos, pese a estar obligados a ello.
Desde Jornaleras de Huelva en Lucha califican a los fallecidos como víctimas "del sistema racista y criminal que perpetuamos desde los países europeos llamados democráticos y del progreso". Pepa Suárez, activista de la Asociación Multicultural de Mazagón, apunta a los empresarios y a las instituciones públicas que "consideran que las personas migrantes son máquinas de trabajar".
"Los primeros explotan los cuerpos para sacar el máximo beneficio. Los segundos protegen la precarización laboral y la ausencia de derechos. Se trata de un negocio redondo", afirma Suárez.
La campaña de 2026 de la fresa y los frutos rojos se cerró con 677 millones de euros en exportaciones, un 1,7% más que la anterior, mientras miles de personas siguen durmiendo bajo un plástico en la provincia.
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