La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y Giahsa recurrirán la sentencia que anula las incorporaciones de La Palma del Condado y Palos de la Frontera al servicio de abastecimiento de agua en alta.
La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y Giahsa han anunciado este martes que recurrirán la resolución judicial que anula las incorporaciones de La Palma del Condado y Palos de la Frontera al servicio de abastecimiento de agua en alta. Según publica Huelva Información, la entidad defiende que los procedimientos se realizaron conforme a la legalidad y que los servicios jurídicos de Giahsa ya analizan el contenido del fallo para determinar los recursos que presentarán.
La MAS asegura que recurrirá "en defensa de los intereses de la Mancomunidad y de los ayuntamientos implicados". La respuesta llega después de que el PSOE de Huelva haya utilizado la sentencia para cuestionar la seguridad jurídica de los acuerdos posteriores, especialmente en relación con la subida de las tarifas de Giahsa. El portavoz socialista en ambas entidades y alcalde de Bonares, Juan Antonio García, reclamó explicaciones y consideró que el fallo da la razón a los ayuntamientos socialistas que se opusieron a las incorporaciones.
La Mancomunidad evita pronunciarse sobre las tarifas y centra su respuesta en defender el procedimiento de adhesión parcial al servicio de agua en alta. Para ello, recuerda otra batalla judicial mantenida con el propio Juan Antonio García: en abril, un juzgado desestimó íntegramente su recurso contra la incorporación de Cartaya a la MAS para el mismo servicio. Aquella sentencia, aprobada inicialmente en julio de 2024, concluyó que no era necesario que un municipio integrara todo el ciclo integral del agua para incorporarse a la Mancomunidad.
La resolución sobre Cartaya consideró que la normativa permite la gestión supramunicipal del servicio, que los estatutos admiten adhesiones parciales y que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento cartayero se ajustó a Derecho. Sin embargo, esa sentencia favorable a Cartaya está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Se produce así una situación judicial contrapuesta: mientras una resolución avaló la incorporación de Cartaya, otra ha anulado ahora las de La Palma del Condado y Palos de la Frontera, todas ellas relacionadas con el agua en alta. La MAS introduce además un componente político al recordar que Bollullos Par del Condado, gobernado por el PSOE, solicitó igualmente su incorporación para recibir el abastecimiento de agua en alta, en términos que considera idénticos a los de los otros municipios.
Con este argumento, la dirección de la MAS sostiene que este modelo responde a "una necesidad objetiva de gestión y servicio público" compartida por ayuntamientos de distinto signo político. La entidad manifiesta su "máximo respeto" a las decisiones judiciales, aunque recuerda la posibilidad de recurrirlas y defiende que todas las incorporaciones se han tramitado "con absoluta transparencia, rigor jurídico y pleno respeto a la legalidad vigente".
Por ahora, Giahsa no aclara si la sentencia puede tener algún efecto sobre la subida de tarifas, una de las principales cuestiones planteadas por los socialistas. El análisis jurídico de la resolución y los recursos que se interpongan continuarán una disputa que abre un nuevo frente en la configuración de la MAS.
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