El PSOE de Punta Umbría ha anunciado que estudia acciones legales tras la expulsión definitiva del concejal José Luis Contreras, al que acusan de transfuguismo. Los socialistas aseguran que el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, sustentó su mayoría en un pacto irregular.
El PSOE de Punta Umbría ha puesto en marcha los mecanismos para llevar ante los tribunales el caso del concejal José Luis Contreras, cuya expulsión definitiva del partido con el que concurrió a las elecciones ha reabierto el debate sobre la legalidad del gobierno municipal. Los socialistas consideran que los hechos demuestran un pacto de transfuguismo que permitió al alcalde, José Carlos Hernández Cansino, alcanzar una mayoría absoluta que los vecinos no le otorgaron en las urnas.
Un pacto bajo sospecha
Según ha denunciado el PSOE, en mayo de 2025 se consumó un acuerdo entre el regidor y el entonces concejal del PP, que posibilitó que Hernández Cansino lograra una mayoría que, a juicio de los socialistas, vulnera la voluntad popular. El pacto, aseguran, incluyó el nombramiento de Contreras como concejal con dedicación exclusiva y la cotización a la Seguridad Social de cara a su futura jubilación.
Los socialistas afirman que el alcalde era plenamente consciente de que sustentaba su gobierno en un caso de transfuguismo.
No se trató de un hecho sobrevenido, sino de una estrategia planificada para garantizar su estabilidad política, señalan desde la formación.
La gravedad de la situación, subrayan, queda reforzada por la intervención de la Junta de Andalucía, que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo tras advertir al Ayuntamiento de que debía expulsar al concejal tránsfuga del equipo de gobierno. Este paso, para el PSOE, evidencia las dudas sobre la legalidad de las decisiones adoptadas y el incumplimiento del Pacto Antitransfuguismo.
El papel del alcalde en el proceso
Los socialistas han puesto el foco en la actuación del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, abogado de profesión. Aseguran que antes incluso del pleno en el que Contreras fue nombrado primer teniente de alcalde y concejal liberado, el regidor ya conocía, a través del Grupo Popular, que el edil había sido expulsado del partido con el que obtuvo su acta. Pese a ello, decidió seguir adelante con el nombramiento.
Según el PSOE, es llamativo que el alcalde haya ido interpretando y forzando cada uno de los procedimientos relacionados con la expulsión del concejal.
Ha utilizado todos los mecanismos posibles para mantener una situación que le garantizaba conservar la mayoría política, critican.
Los socialistas se preguntan quién ha estado realmente detrás de los recursos presentados por el edil expulsado y si estos han contado con el asesoramiento directo o indirecto del propio alcalde. Para el PSOE, estos hechos representan un grave deterioro de la calidad democrática y un uso impropio de las instituciones.
Acciones legales en marcha
El PSOE de Punta Umbría ha anunciado que está estudiando el inicio de acciones legales dirigidas a restituir la legalidad democrática en el Ayuntamiento. Entre las medidas que se analizan se encuentra la reclamación para que José Luis Contreras reintegre las cantidades económicas percibidas durante el tiempo en que ejerció como cargo liberado, al considerar que pudieron haberse abonado sin la debida cobertura legal.
También se plantea solicitar que no se computen las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, sin perjuicio de cuantas otras acciones jurídicas pudieran resultar procedentes. Los socialistas han reafirmado su compromiso con la defensa de la legalidad y el respeto a la voluntad de las urnas.
De momento, el Ayuntamiento de Punta Umbría no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones. El caso, que afecta directamente a la estabilidad del gobierno local, seguirá su curso judicial mientras la oposición mantiene la presión política.
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