El parlamentario Rafael Sánchez Rufo ha registrado iniciativas para conocer las ayudas activadas, los alojamientos habilitados y el uso de fondos contra el chabolismo tras el fuego del 6 de julio.
El incendio que arrasó un asentamiento de Palos de la Frontera el pasado 6 de julio ha llevado a Por Andalucía a exigir cuentas a la Junta de Andalucía. El parlamentario Rafael Sánchez Rufo ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno andaluz detalle las medidas de emergencia adoptadas y el destino de los fondos del plan contra el chabolismo.
Preguntas sobre las ayudas y alojamientos tras el siniestro
La coalición quiere saber qué ayudas económicas se han puesto en marcha para las familias que perdieron sus pertenencias en el fuego, incluida la documentación. También pregunta cuántos alojamientos temporales se han habilitado y cómo se está coordinando la respuesta con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Sánchez Rufo ha criticado que la Junta «se limite a mover papeles» sin ofrecer soluciones reales. «Cientos de trabajadores migrantes siguen viviendo en condiciones de extrema precariedad, especialmente con las altas temperaturas», ha denunciado.
El incendio, que se declaró en un asentamiento chabolista, afectó a varias decenas de personas que residían en infraviviendas. Por Andalucía reclama una evaluación del Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos Informales (EASEM), que lleva años en marcha sin resultados visibles.
El plan EASEM y su falta de resultados
Las iniciativas registradas preguntan quién evalúa el desarrollo del plan EASEM, qué indicadores se usan y cuántos ayuntamientos han elaborado los planes locales de intervención integral previstos. Sánchez Rufo ha recordado que esta problemática no solo afecta a Palos, sino también a Moguer, Lucena del Puerto y Lepe.
El parlamentario ha advertido de que «todo apunta a que quienes viven esta situación dramática no van a ser una prioridad nacional» tras la constitución del nuevo Gobierno andaluz. Ha acusado al Ejecutivo autonómico de «racismo institucional» por no abordar la crisis de los asentamientos.
«Las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado ante una realidad que constituye un claro ejemplo de racismo institucional», ha afirmado Sánchez Rufo.
Comparecencia del comisionado del Plan Doñana
Además, Por Andalucía solicita la comparecencia en el Parlamento del comisionado del Plan Doñana para que explique el destino de los más de 20 millones de euros comprometidos en inversiones sociales dentro del acuerdo para Doñana. Quieren saber cuántas viviendas se han puesto a disposición de los afectados y cuántas personas han podido abandonar los asentamientos gracias a esos fondos.
También reclaman que la consejera de Servicios Sociales, Loles López, informe sobre las actuaciones de su departamento para cumplir los objetivos del plan autonómico de erradicación del chabolismo.
Sánchez Rufo ha asegurado que su grupo mantendrá «una labor permanente» de fiscalización sobre esta materia y exigirá explicaciones «día a día y mes a mes» sobre el destino de los recursos públicos.
De cara al lector onubense, la situación de los asentamientos en la provincia es un problema recurrente que se agrava en verano. Las respuestas de la Junta se esperan en las próximas semanas en el Parlamento andaluz.
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