El coordinador provincial de IU y diputado provincial, Marcos Toti, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Huelva para que investigue la situación de extrema vulnerabilidad en los asentamientos agrícolas de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera.
La denuncia formal presentada por Izquierda Unida ante la Fiscalía Provincial de Huelva responde al fallecimiento reciente de un hombre de 36 años, natural de Malí, en el asentamiento de El Sevillano, en Lucena del Puerto, tal y como recoge Andalucía Información. El escrito solicita que se determine si el retraso o la falta de ejecución del Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales (EASEN) por parte de la Junta de Andalucía y los municipios pudo haber contribuido a evitar este suceso y otras muertes similares.
El documento sostiene que la precariedad de estos espacios, con falta de servicios básicos y suministros, no es un hecho aislado, sino una problemática cronificada constatada por organismos internacionales como Naciones Unidas y por el Defensor del Pueblo Andaluz.
El coordinador provincial de IU y diputado provincial, Marcos Toti, pone el foco en las trabas administrativas detectadas en la gestión de los empadronamientos municipales. La denuncia pide a la Fiscalía que investigue las denegaciones o la falta de tramitación de solicitudes presentadas por habitantes de las chabolas, y evalúe si estas decisiones pueden incurrir en un delito de prevaricación administrativa. La petición se apoya en el marco regulador estatal sobre el Padrón y en la jurisprudencia de los tribunales de Huelva, que obliga a empadronar a los vecinos en el lugar donde residen efectivamente, con independencia de las condiciones de habitabilidad de la vivienda.
La denuncia también insta a fiscalizar los posibles abusos laborales que afectan a trabajadores agrícolas residentes en estos núcleos. Sin atribuir estas prácticas a todo el sector, el escrito pide auditar supuestos concretos donde se den condiciones salariales, jornadas o situaciones de ocupación irregulares mediante el aprovechamiento de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas, conductas que podrían encajar en los delitos contra los derechos de los trabajadores.
IU solicita formalmente la apertura de diligencias de investigación, el requerimiento de expedientes presupuestarios e informes de ejecución a las administraciones autonómica y locales, la intervención de la Inspección de Trabajo y la toma de declaración a las personas afectadas, con el fin de depurar las responsabilidades penales que correspondan e incoar las acciones judiciales oportunas.
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