Una profesional del Centro de Protección de Menores Juan Ramón Jiménez de Huelva fue agredida físicamente el pasado 26 de septiembre, según UGT, que contabiliza ya cinco agresiones en un año. La anterior ocurrió apenas tres días antes, el 23 de septiembre.
Una trabajadora del Centro de Protección de Menores Juan Ramón Jiménez de Huelva sufrió una agresión física el pasado 26 de septiembre durante su jornada laboral, según ha denunciado UGT Servicios Públicos de Huelva. El sindicato asegura que se trata de la quinta agresión en un año en este centro, tal y como recoge Huelva Hoy.
El informe oficial de incidencia, según la nota del sindicato, detalla que la profesional fue "agredida físicamente mediante golpes y empujones" y recibió amenazas. La situación requirió la intervención de otras personas para contenerla. Tras los hechos constan parte médico y denuncia policial.
UGT considera "especialmente preocupante" que este episodio se produzca apenas unos días después de la agresión registrada en el mismo centro el 23 de septiembre. Para el sindicato, esto evidencia una problemática sobre la que viene alertando de forma reiterada.
"No podemos limitarnos a actuar después de cada incidente. Es necesario anticiparnos y trabajar en la prevención. La frecuencia con la que se están produciendo estos episodios exige una respuesta y la adopción de medidas eficaces"
Ante la repetición de estos casos, UGT Servicios Públicos Huelva trasladará a las administraciones competentes la necesidad de adoptar medidas concretas. Entre ellas, abordar los protocolos de prevención y actuación ante situaciones violentas, revisar las ratios y necesidades de personal, evaluar los riesgos de los puestos y unidades, reforzar la formación específica de los profesionales y establecer medidas de protección y acompañamiento para los trabajadores agredidos.
El sindicato sostiene que no se puede permitir que las agresiones, amenazas y situaciones de violencia se normalicen como parte del trabajo diario en los centros de protección de menores. Defiende que los profesionales desarrollan una labor educativa y de protección compleja y necesitan condiciones adecuadas de seguridad y recursos humanos suficientes.
La organización sindical mantendrá estas actuaciones para que la seguridad de los profesionales de los centros de protección de menores sea una prioridad, al entender que garantizar su protección también contribuye a una atención educativa y protectora de calidad.
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