Los ayuntamientos de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana afrontan diligencias penales por presuntas irregularidades en la contratación de espectáculos taurinos. Las alcaldesas de Cortegana y Palos y el regidor de Beas figuran como investigados.
Los juzgados de Aracena, Moguer y Huelva han abierto diligencias previas entre febrero y abril para investigar presuntos amaños en la contratación pública de festejos taurinos en los ayuntamientos de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana, todos gobernados por el PP. Las causas parten de las querellas presentadas por la empresa Emilivia Espectáculos S.L., que acusa a los consistorios de diseñar licitaciones "a medida" para beneficiar a determinadas empresas del sector, según ha podido saber elDiario.es.
En el caso de Beas, el alcalde José Leñero Bardallo aparece como "persona querellada" en el auto judicial, aunque aún no ha sido citado a declarar. Leñero asegura que el Ayuntamiento remitió "hace ocho meses" el expediente de contratación solicitado por el juzgado y que desde entonces no ha recibido nuevas comunicaciones. La investigación se centra en un posible delito de prevaricación administrativa.
La querella admitida a trámite sostiene que los investigados "han venido amañando los pliegos que rigen todos los procedimientos de adjudicación durante más de 10 años, para que solo resulte adjudicataria la empresa Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L." en la organización de capeas y festejos. Emilivia concurrió a la licitación de agosto de 2025 y terminó impugnando el procedimiento ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que declaró la nulidad de varios pliegos.
En Palos de la Frontera, la investigación apunta a un posible delito de prevaricación administrativa y salpica a la actual alcaldesa, Milagros Romero Artero, y al exregidor y hoy senador del PP Carmelo Romero, que figuran entre los citados a declarar como imputados, junto a funcionarios municipales y empresarios. La alcaldesa ha declinado hacer declaraciones al tratarse de un procedimiento judicial abierto.
El juzgado de Aracena instruye el caso de Cortegana, donde se investiga un posible delito de apropiación indebida. La alcaldesa, María del Mar Martín Florido, ya declaró como imputada el pasado 14 de septiembre, mientras que el resto de citaciones están pendientes de fecha. Fuentes municipales han rehusado pronunciarse por el mismo motivo.
Las tres causas se apoyan en las resoluciones previas del TARCJA, que anuló varios pliegos y procedimientos de contratación tras detectar irregularidades. La empresa querellante sostiene que las licitaciones estaban diseñadas para favorecer a compañías concretas del sector taurino.
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