Izquierda Unida ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Huelva para que investigue posibles responsabilidades penales en la persistencia de los asentamientos chabolistas. La formación pide revisar el Plan EASEN, las denegaciones de empadronamiento y las condiciones laborales en el campo.
La muerte de Ismaila Kante, un ciudadano senegalés de 38 años, en el incendio de una chabola en el asentamiento de La Sevillana, en Lucena del Puerto, ha llevado a Izquierda Unida a presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Huelva. El escrito, registrado este miércoles en el Palacio de Justicia de la capital, solicita que se investigue si determinadas actuaciones u omisiones de las administraciones públicas relacionadas con estos campamentos pueden tener relevancia penal, según ha confirmado la formación.
El coordinador provincial de IU y diputado provincial, Marcos Toti, ha denunciado que "no estamos ante una situación desconocida ni sobrevenida". La formación sostiene que las administraciones conocen desde hace más de dos décadas la existencia de los asentamientos chabolistas y reclama que sea la Fiscalía la que determine si detrás de su persistencia existen actuaciones u omisiones que puedan ir más allá de la responsabilidad administrativa.
La denuncia, avanzada por Huelva Información, abre tres frentes. El primero se dirige a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera en relación con el desarrollo del Plan EASEN, concebido para coordinar a las administraciones en la erradicación de asentamientos y facilitar alternativas residenciales. La formulación del plan fue aprobada por el Consejo de Gobierno en julio de 2023 y contempla la implicación de las entidades locales y la puesta en marcha de soluciones habitacionales.
IU quiere conocer qué se ha hecho desde entonces. Por ello, solicita que la Junta entregue el expediente del Plan EASEN, presupuestos, cronogramas, memorias de ejecución e informes de seguimiento, mientras reclama a los cuatro municipios sus planes locales, acuerdos de aprobación, recursos destinados y actuaciones ejecutadas.
La formación pide además poner cifras actualizadas a una realidad que muchas veces se observa desde la carretera pero resulta más difícil de medir: cuántos asentamientos y chabolas continúan existiendo, cuántas personas viven en ellos, cuántas han sido realojadas y cuánto dinero presupuestado se ha terminado ejecutando. El propio acuerdo de formulación del EASEN reconoce que Huelva y Almería son las provincias especialmente afectadas por unos asentamientos cuya existencia en Andalucía se remonta al menos 25 años.
Toti pretende que la investigación determine si puede existir alguna relación entre la falta de ejecución que IU atribuye a las administraciones y las muertes producidas en estos campamentos. La denuncia, no obstante, no atribuye directamente delitos ni responsabilidades penales concretas a cargos públicos, sino que solicita a la Fiscalía que abra diligencias y determine si existen.
El segundo frente está en los ayuntamientos y el padrón. IU pide revisar posibles obstáculos o denegaciones de empadronamiento a personas que residen efectivamente en los asentamientos, así como los expedientes, resoluciones denegatorias y criterios internos utilizados por Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera.
"La negativa a empadronar a estas personas las condena a una mayor exclusión y dificulta su acceso efectivo a derechos, servicios públicos y prestaciones básicas", sostiene Toti.
La formación pide concretamente que la Fiscalía estudie si alguna resolución, instrucción o práctica administrativa pudiera tener relevancia penal y constituir un posible delito de prevaricación por omisión.
Y la tercera pata de la denuncia abandona los despachos para mirar hacia el trabajo en el campo. IU reclama investigar aquellos casos concretos en los que puedan acreditarse trabajadores sin alta, incumplimientos salariales o de jornada, condiciones contrarias a la legislación o al convenio colectivo y posibles irregularidades en alojamientos vinculados a la relación laboral.
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