La nueva Directriz Básica de Protección Civil ante riesgo sísmico incluye a Huelva y 19 localidades de la provincia, que deberán adaptar sus planes locales en un plazo de cuatro años.
La nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, obliga a 20 municipios de la provincia de Huelva a incorporar la planificación local frente a emergencias sísmicas. La norma, que sustituye a la vigente desde 1995, establece un plazo de cuatro años para adaptar los planes de protección civil a su estructura y contenido, según recoge Cadena SER.
En la provincia, los municipios afectados son Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Bonares, Cartaya, Gibraleón, Hinojos, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, San Silvestre de Guzmán, Trigueros y Villablanca. La lista abarca buena parte del litoral occidental, la capital y su área metropolitana, además de localidades del Condado y la campiña onubense.
La directriz pone el foco en la población estacional de las zonas turísticas. El texto advierte de que el aumento temporal de residentes puede generar un desequilibrio entre las personas a atender y los medios disponibles para responder a una emergencia. Entre los municipios señalados hay núcleos turísticos, industriales y agrícolas cuya población crece de forma notable en determinados periodos del año.
Ningún municipio onubense figura entre las zonas con previsibles sismos de intensidad igual o superior a VIII para el mismo periodo de retorno. En Andalucía, ese nivel superior se concentra en localidades de Granada y Málaga, además de Iznájar (Córdoba) y Alcalá la Real (Jaén). La directriz aclara que la intensidad sísmica no debe confundirse con la magnitud: la magnitud mide la energía liberada y es única para cada sismo, mientras que la intensidad describe los efectos sobre personas, edificios, infraestructuras y terreno en un lugar concreto, según la Escala Macrosísmica Europea, que va del I al XII.
La inclusión en estos anexos no permite predecir cuándo ocurrirá un terremoto. El escenario de 475 años es una estimación probabilística de superación de determinados valores de movimiento del terreno. La propia norma recuerda que no existe ningún método capaz de anticipar con precisión el momento, el lugar y la magnitud de un sismo.
Andalucía, junto a las otras siete provincias, deberá disponer de planificación autonómica específica frente al riesgo de terremotos, precisar su zonificación y determinar las necesidades de intervención en cada área. Los planes autonómicos fijarán las directrices para que los municipios elaboren sus propios documentos, que incluirán una estructura organizativa de respuesta, procedimientos de coordinación con otras administraciones, una zonificación municipal del riesgo, sistemas de información a la población y un catálogo de medios y recursos.
Los ayuntamientos también tendrán que localizar las infraestructuras que podrían emplearse durante una emergencia, establecer puntos de encuentro y evacuación y definir las medidas de autoprotección que debe conocer la ciudadanía antes, durante y después de un terremoto. Los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán acogerse a modelos simplificados si así lo contempla el plan especial de la comunidad autónoma, con asistencia técnica de las diputaciones provinciales para elaborar análisis de riesgos, cartografía o gestionar conjuntamente capacidades de respuesta.
Uno de los cambios principales respecto a la planificación anterior es la exigencia de analizar de forma conjunta la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. Los estudios deberán considerar la población residente y estacional, el estado y la antigüedad de las edificaciones, las características del terreno, los servicios esenciales y las infraestructuras críticas. Los planes tendrán que elaborar mapas que combinen la peligrosidad sísmica con la vulnerabilidad de edificios, redes de comunicación, instalaciones industriales, equipamientos sanitarios y centros educativos.
La directriz exige atención preferente a hospitales, parques de bomberos, sistemas de comunicaciones, redes de transporte y otras construcciones de importancia especial según la normativa sismorresistente. También contempla efectos en cadena como incendios, inundaciones, movimientos del terreno, daños en presas, vertidos contaminantes, explosiones o interrupciones prolongadas de suministros. Tras un terremoto, los equipos técnicos deberán hacer una evaluación rápida de las edificaciones para determinar cuáles son seguras y habitables, con el fin de evitar daños durante posibles réplicas y reducir el número de personas que necesiten alojamiento provisional.
Los planes integrarán los sistemas de vigilancia e información del Instituto Geográfico Nacional y establecerán procedimientos para comunicar de inmediato los datos sobre un terremoto a los servicios de emergencia y a la población. Entre los canales previstos están el sistema ES-Alert, las aplicaciones del 112, la radio y la televisión.
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