La Delegación Territorial de Presidencia, Sanidad y Emergencias en Huelva ha constituido el grupo de trabajo provincial del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El órgano vigilará, prevendrá y evaluará episodios de violencia verbal o física en centros de salud y hospitales onubenses.
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha en Huelva un grupo de trabajo provincial para combatir las agresiones a los profesionales sanitarios. El órgano, constituido en la sede de la Delegación Territorial de Presidencia, Sanidad y Emergencias, funcionará como instrumento técnico de apoyo al Observatorio andaluz de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Según publica moncloa.com, el grupo nace para analizar, hacer seguimiento, evaluar y formular propuestas sobre la violencia verbal y física en los centros sanitarios de la provincia.
El delegado territorial, Juan Carlos Duarte, presidió el acto de constitución, en el que se sentaron las gerencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Huelva, los interlocutores policiales sanitarios, los responsables de prevención de riesgos laborales, los profesionales guía, los representantes de los doce colegios profesionales sanitarios y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial. Duarte afirmó que "defender y cuidar a quienes cuidan de la salud es una prioridad absoluta; no vamos a tolerar ninguna agresión a nuestros profesionales, bajo ningún concepto se puede justificar".
El grupo de trabajo se enmarca en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones que la Consejería de Salud desarrolla en el SAS. Entre sus medidas más recientes está la figura del profesional guía, un trabajador con formación específica que acompaña al agredido, le asesora en los trámites y le presta apoyo en las horas siguientes al incidente. El plan también ofrece atención psicológica y asesoría jurídica durante el tiempo que haga falta, ha reforzado la seguridad en los centros y mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales.
Ninguna agresión a un sanitario se justifica, y el primer paso para frenarla es que el agredido no se quede solo minutos después de los hechos.
La ley específica sobre agresiones a profesionales del SAS que la Junta tiene en cartera incluirá un régimen sancionador con multas de hasta 60.000 euros en función de la gravedad de los hechos. La norma se acompañará de medidas complementarias: restricción o condicionamiento del acceso a los centros sanitarios, cambio de centro o de profesional asignado al agresor y coordinación con las acciones judiciales.
Para los profesionales de centros de salud del Andévalo o de la sierra de Huelva, el nuevo órgano supone un canal más rápido para denunciar y recibir protección. Los sindicatos y colegios profesionales que participan en el grupo insisten en que la estadística solo recoge lo que se denuncia, por lo que la coordinación busca que ningún episodio quede sin registrar.
El grupo de trabajo provincial celebrará reuniones periódicas para evaluar los casos que se produzcan en la provincia y proponer medidas concretas. La futura ley andaluza sobre agresiones a sanitarios está pendiente de tramitación en el Parlamento.
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