El director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, asegura que la sentencia del TSJA sobre las ordenanzas 'no altera' las tarifas vigentes, mientras el alcalde de Bonares y portavoz socialista, Juan Antonio García, lo califica de 'varapalo judicial' que 'abre la puerta' a la nulidad del tarifazo.
El director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, ha salido al paso de las declaraciones del PSOE sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relativa a las ordenanzas de la entidad. En una publicación en redes sociales, Ponce ha afirmado que el fallo "no altera" el marco tarifario actual ni afecta a los importes que abonan los usuarios, según ha recogido Andalucía Información.
Ponce ha reprochado al PSOE su "celebración precipitada" y considera que la valoración socialista responde a un "uso político" y "carece de efectos jurídicos reales". El responsable de la empresa pública ha subrayado que la resolución se refiere a unas ordenanzas que "nunca llegaron a aplicarse" y que fueron sustituidas por la normativa "en vigor".
"La sentencia podrá tener el alcance que determine el propio fallo respecto de aquellas disposiciones, pero no altera las ordenanzas que hoy regulan el servicio", ha remarcado Ponce.
El director ejecutivo ha calificado de "llamativo" que se proclamen "grandes victorias" o "varapalos a Giahsa" mientras "se omite" que las tarifas afectadas "no son las actuales". Asimismo, ha insistido en que "no se trata de una cuestión opinable ni de una interpretación interesada", sino del "efecto jurídico objetivo" derivado de la sucesión de actos administrativos.
Ponce también ha afeado a los representantes socialistas que hayan difundido en redes sociales una conclusión "difícilmente sostenible" antes de realizar un análisis técnico del expediente. "La prudencia institucional aconseja estudiar primero la sentencia, analizar sus efectos reales y, sólo entonces, realizar valoraciones políticas", ha sostenido, para concluir que el recorrido jurídico de la resolución es "bastante más limitado" que el entusiasmo con el que algunos lo han celebrado.
Por su parte, el alcalde de Bonares y representante del PSOE en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), Juan Antonio García, ha calificado de "varapalo judicial" las dos recientes resoluciones que dan la razón a los consistorios socialistas frente a la MAS y Giahsa. En rueda de prensa este miércoles, García ha advertido de que la última resolución del TSJA "abre la puerta" a la nulidad de pleno derecho del tarifazo del agua y los residuos.
La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con fecha del 16 de septiembre, estima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Bonares y declara la nulidad de pleno derecho de tres ordenanzas aprobadas por la MAS. El fallo señala que no se puede "sanar un acto nulo" de pleno derecho con trámites posteriores, y que lo procedente habría sido "derogar formalmente" lo publicado o declarar su nulidad en vía administrativa antes de reabrir el procedimiento.
García ha desmentido la versión de la dirección de Giahsa y ha acusado a la entidad de "intentar confundir" a la opinión pública al decir que solo fue un error de publicación. "El propio fundamento de derecho de la sentencia deja claro que no se trataba de enmendar o subsanar un error, sino de promover la nulidad de la norma por estar viciada desde el origen", ha remarcado.
El alcalde de Bonares también se ha referido al fallo del pasado 31 de julio que anula la incorporación a la MAS de los municipios de Palos de la Frontera y La Palma del Condado exclusivamente para el servicio de agua en alta. Según ha subrayado, esta fórmula "incumple los estatutos" con el único propósito del PP de "sumar votos de forma irregular" para sacar adelante acuerdos como el tarifazo.
"Entre Cartaya, Palos y La Palma suman 51 votos, cuando el tarifazo se aprobó por una diferencia de 21. No cabe en ninguna cabeza que los vecinos de un pueblo paguen unas tarifas aprobadas con los votos de municipios que solo deciden sus propias tarifas", ha señalado el representante socialista.
García ha informado de que se ha solicitado la ejecución inmediata de la sentencia para que los 28 votos sumados por Palos y La Palma "no tengan ningún valor" en la toma de decisiones. Además, ha anunciado que hace dos días solicitaron a la Sala Tercera del TSJA que declare la nulidad "de pleno derecho" de las tres ordenanzas aprobadas en julio de 2025.
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