La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado una denuncia ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para exigir una intervención urgente ante las deficiencias de la red española. La entidad reclama una auditoría a las autoridades nacionales y medidas inmediatas.
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha dado un paso más en su reclamación de seguridad ferroviaria y ha presentado una denuncia formal ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA). La entidad exige una intervención urgente y medidas inmediatas ante lo que considera graves deficiencias en la red ferroviaria española, según publica huelva24.com. La denuncia llega cuando se cumplen prácticamente ocho meses del siniestro ocurrido el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa.
El escrito lo firma el abogado Antonio Benítez Ostos, socio-director de Administrativando Abogados, despacho que coordina la defensa de la asociación. La entidad pide que Europa audite la gestión de las autoridades nacionales competentes para garantizar la seguridad del sistema ferroviario español y evitar nuevos accidentes.
La asociación acude a las instancias europeas porque, según expone, los requerimientos que viene trasladando a las autoridades nacionales, entre ellos la suspensión del sistema ferroviario hasta que se certifique su plena seguridad, no se han traducido en medidas concretas.
La denuncia incorpora diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil, ya conocidas públicamente, que según la asociación acreditan que el carril siniestrado presentaba una rotura desde bastantes horas antes del impacto. Con este paso, la entidad se suma a los requerimientos preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y denuncia una deficiencia estructural del sistema actual, que no alerta en tiempo real de la rotura de una vía.
El escrito elevado a Europa advierte de que el sistema ferroviario español acumula más de cien roturas de vía al año. Aporta, además, advertencias técnicas previas del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) en las que ya se denunciaban graves deficiencias en las infraestructuras.
Entre esos avisos figuran la inestabilidad en la rodadura, con oscilaciones anómalas de los trenes a velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora, y la fatiga de materiales y los 'botes', con presencia de baches, deformaciones geométricas y desgaste ondulatorio en los rieles. Los maquinistas señalaban también el sobrepeso en las vías, con una degradación acelerada de la red por la entrada de operadores de bajo coste con ejes más pesados, y el abuso de medidas de precaución, en concreto el uso excesivo de 'marchas a la vista' en lugar de acometer cierres y reparaciones definitivas.
La denuncia pone el foco, además, en carencias que califica de «incomprensibles» en la seguridad del material rodante y en la asistencia: la ausencia de cámaras de videovigilancia exteriores en los trenes, la falta de sistemas autónomos de geolocalización inmediata en caso de descarrilamiento y las insuficiencias de los portaequipajes, que provocan la caída de bultos sobre los viajeros.
La asociación censura también que los servicios autonómicos de emergencias, 061 y 112, sigan sin contar con protocolos de actuación plenamente coordinados y homogéneos en toda España.
«Absoluta preocupación» por el hecho de que España haya sufrido en poco más de una década los dos peores accidentes ferroviarios de su democracia, el de Angrois en 2013 y el de Adamuz en 2026, ha manifestado Benítez Ostos, que ejerce además como portavoz jurídico de la asociación.
A juicio del letrado, esta circunstancia podría evidenciar que las medidas actuales son del todo insuficientes para garantizar la seguridad de los viajeros.
La Agencia Ferroviaria Europea ya intervino en el caso Alvia. En su documento de asesoramiento ERA/ADV/2015-6, el organismo consideró que la investigación de aquel siniestro llevada a cabo por la CIAF no fue independiente y señaló graves irregularidades, como no haber tenido en cuenta a las víctimas ni haberles informado de sus derechos en el procedimiento de investigación.
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