La plataforma estatal responsabiliza a administraciones y patronal fresera de las condiciones que causan muertes en los asentamientos chabolistas. Exige un plan de prevención y emergencia tras dos fallecidos en once días en Lucena del Puerto y Palos de la Frontera.
La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho ha exigido una investigación exhaustiva sobre el origen de los incendios recurrentes en los asentamientos de trabajadores migrantes de la provincia de Huelva y la puesta en marcha inmediata de un plan de prevención y emergencia. La plataforma responsabiliza a las administraciones públicas y a las patronales freseras de perpetuar las condiciones que han causado dos muertes en once días: el 15 de septiembre en el asentamiento de La Sevillana, en Lucena del Puerto, y el 26 de septiembre en el Polígono de San Jorge, en Palos de la Frontera. Con estas dos víctimas son ya siete las personas fallecidas desde 2019 en incendios en asentamientos chabolistas de la provincia, según publica revista.lamardeonuba.es.
Para la coordinadora, estos sucesos no pueden considerarse aislados. Su reiteración se explica por unas condiciones de vida que obligan a miles de trabajadores del campo a residir en infraviviendas construidas con materiales altamente inflamables, sin garantías mínimas de seguridad y sin una alternativa habitacional digna. La plataforma atribuye esta situación a la falta de respuesta de las administraciones local, autonómica y nacional, y a la responsabilidad de un sector agrícola que se beneficia de esa mano de obra.
Padrón por Derecho reclama que los ayuntamientos inscriban en el padrón a todas las personas residentes en asentamientos e infraviviendas, cumplan la legislación vigente y permitan así dimensionar los servicios públicos necesarios. También exige la creación inmediata de espacios de acogida para las personas afectadas por los incendios, con condiciones para dormir de forma segura, y la instalación de módulos habitacionales de urgencia con agua potable, suministro eléctrico, saneamiento y recogida de residuos.
La coordinadora plantea además un plan de vivienda a medio plazo que sustituya el chabolismo por alojamientos dignos para los trabajadores del campo, con financiación que no recaiga exclusivamente en las administraciones y que incluya a la patronal agrícola. Señala directamente a la Subdelegación del Gobierno, a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera. Rechaza la versión de la subdelegada María José Rico, que aseguró que las necesidades de realojo quedaron cubiertas porque los afectados fueron recogidos por familiares, y sostiene que siguen existiendo damnificados durmiendo al raso.
La ausencia de vivienda se prolonga en la negativa de ayuntamientos de las zonas agrícolas a empadronar a quienes residen en asentamientos e infraviviendas.
Veintiséis años después del inicio de planes contra el chabolismo, la plataforma considera que el balance es un fracaso: los asentamientos siguen existiendo y, cuando una chabola arde o es demolida, la respuesta deja con frecuencia a sus habitantes sin techo. La coordinadora contrapone la capacidad económica del sector fresero onubense con las condiciones de vida de quienes sostienen la producción.
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